Como diputada de Comunidad Ciudadana, he denunciado que la empresa china CAMC, vinculada en el pasado a
Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales y exgerente de esa firma, estaría
elaborando pliegos para contrataciones estatales, a pesar de los graves antecedentes de corrupción asociados al caso.

Me parece inaceptable que, tras haber salido de prisión en 2021, Zapata aparentemente continúe operando en el ámbito público a través de CAMC, una empresa que estuvo en el centro de uno de los escándalos más oscuros de la gestión del MAS.
Recordemos que Zapata fue condenada por legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes públicos y asociación delictuosa, delitos relacionados con contratos millonarios firmados mientras representaba a CAMC. Aunque la empresa ha negado vínculos con ella, los hechos hablan por sí solos, y el país no puede ignorar que este caso incluso desató una controversia nacional en 2016, con la versión de un supuesto hijo con Morales cuya existencia nunca fue probada.
Exijo una investigación urgente y transparente. Bolivia no puede permitir que
las mismas estructuras corruptas se reciclen en la administración pública, burlándose de la justicia y de la memoria de los bolivianos.