Luciana Campero, diputada nacional por Tarija, presenta un documento en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante una denuncia pública.

Denunciamos la adjudicación irregular de la construcción de la planta de agua a la empresa CARLOS CABALLERO, a pesar de haber presentado la propuesta económica más alta entre todas las postulantes. De las cinco empresas que participaron en el proceso de licitación, CARLOS CABALLERO ofertó aproximadamente 344,3 millones de bolivianos, mientras que las otras presentaron propuestas considerablemente menores: 343,6 millones, 331,6 millones, 323,9 millones y hasta 314,9 millones de bolivianos.

Lo más llamativo es que las dos empresas finalistas obtuvieron el mismo puntaje en la evaluación técnica. Sin embargo, y sin una justificación clara ni transparente, la adjudicación fue otorgada a CARLOS CABALLERO, cuya propuesta era la menos conveniente en términos económicos..
¿Lo más irónico?
El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, me demandó ante el Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados, por el simple hecho de cumplir con mi rol de Diputada, fiscalizando estas irregularidades. Una prueba más de amedrentamiento por parte de autoridades del MAS, cuando uno los denuncia.