Como diputada, denuncié públicamente que desde la gestión pasada hasta este año, el director de la ANH, Germán Jiménez, autorizó la compra de gasolina y diésel de pésima calidad. Se trataba de combustibles incomerciables, que no se aceptan en otros países por su nivel de contaminación, pero que sí se
vendieron en Bolivia, afectando a nuestros vehículos, a la salud de la población y al medioambiente.

Recibí una respuesta oficial del organismo regulador de energía de Perú, Osinergmin, donde se confirmó que no se estaba recibiendo documentación del gobierno boliviano sobre la calidad de los combustibles que se exportaban. A esto se sumaron informes técnicos de la propia ANH, que indicaban que el diésel comercializado en el país superaba los 50 ppm de azufre, un nivel prohibido en muchas naciones.

Presenté 20 certificados de calidad que demostraron que la gasolina y el diésel adquiridos no cumplían con los estándares internacionales. Incluso, autoridades peruanas pidieron que se impidiera el ingreso de estos combustibles por su alto nivel contaminante.
Por todo ello, se iniciaron las acciones correspondientes contra las autoridades de la ANH, del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB, exigiendo que se rindan cuentas y se esclarezca este grave daño al país.